La Guardia Civil no encuentra indicios de delito en las acusaciones de Manos Limpias contra Begoña Gómez

Lea íntegro el dosier favorable a Begoña Gómez redactado por la UCM que desmonta la causa de Peinado

Un ciudadano particular solicitó información en marzo de 2023 sobre la cátedra extraordinaria de la mujer de Sánchez. La universidad desmintió cualquier trato de favor con 57 folios


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Su silencio significa que no tiene defensa o que se cree superior a todo pero que va a caer podemos darlo por hecho.

Ahora, el paso decisivo que muestra la altura moral superior del izquierdista de pro es marcharse con publicidad de la antigua Twitter. Estos muchachotes, profesores de ética y moral públicas y privadas, no se inmutan con los tejemanejes de Begoña Gómez.

Curiosidad escribió:

Fale escribió:Ahora, el paso decisivo que muestra la altura moral superior del izquierdista de pro es marcharse con publicidad de la antigua Twitter. Estos muchachotes, profesores de ética y moral públicas y privadas, no se inmutan con los tejemanejes de Begoña Gómez.

- 8 meses de persecución judicial y política y todavía no sabemos de que se imputa a Begoña Gómez.

No lo sabrás tú....

La UCM, La Caixa y Reale bendijeron por unanimidad la creación del 'software' por el que se investiga a Begoña Gómez

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Gómez pidió en febrero de 2024 a la Fundación La Caixa que continuaran patrocinando la cátedra con 40.000 euros anuales

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Los recursos contra el juez del ‘caso Begoña Gómez’: “Es ilógico, arbitrario, injusto, infundado e inconstitucional”

El abogado del empresario Barrabés y el fiscal San Baldomero impugnan un registro “basado en indicios inexistentes” donde la Guardia Civil pidió móviles de menores y requisó correos de personas no investigadas

El juez Juan Carlos Peinado investiga desde hace siete meses a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por los supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción de los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. El instructor Peinado ordenó a finales de agosto un registro en el domicilio particular y en las sedes de las sociedades de Juan Carlos Barrabés, quién impartió dos clases en un master codirigido por Begoña Gómez en la Universidad Complutense.

La Fiscalía critica la "pobre" argumentación del juez que investiga a Begoña Gómez y su "alto grado de autocomplacencia"

El fiscal acusa al magistrado Juan Carlos Peinado de justificar con datos “inocuos” los supuestos "sólidos indicios" para ordenar el registro de la empresa de Juan Carlos Barrabés

El fiscal José Manuel San Baldomero mantiene un duro enfrentamiento dialéctico con el juez que investiga el caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, a quien en un escrito de 27 de septiembre llegó a criticar la "pobre" argumentación en el auto en el que ordenaba el registro de la empresa del empresario Juan Carlos Barrabés, quien fue recomendado en concursos públicos por la mujer del presidente del Gobierno.

"¿Cómo puede argumentar la adjudicación de contratos como elemento indiciario, cuando aún, a pesar del análisis exhaustivo realizado, no se han advertido irregularidades por la UCO?", se pregunta el fiscal, que en el escrito se adhería al recurso de apelación que había interpuesto el abogado del Barrabés, y en el que impugna que Peinado asegure que ha detectado "de manera clara la concurrencia de elementos de los delitos objeto de investigación", que en ese momento eran tráfico de influencias y corrupción en los negocios, a los que añadió los de apropiación indebida e intrusismo.

Denuncian prácticas “inconstitucionales” del juez Peinado: de registrar un hospital a revisar teléfonos de menores

El abogado de Barrabés y el fiscal del caso estiman sus prácticas como "ilógicas, arbitrarias, injustas e infundadas"

El juez Juan Carlos Peinado abrió investigación a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, hará siete meses por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida e intrusismo laboral. El magistrado ordenó un registro a finales de agosto del domicilio particular de Juan Carlos Barrabés, así como en todas las sedes de las sociedades del empresario, quien ganó diversos concursos públicos con Red.es tras presentar ofertas en las que se incluían diversas cartas de apoyo de instituciones y tecnológicas; entre ellas, figuraba una rubricada por la propia Gómez en calidad de codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense.

Así, según expone El País, el instructor ordenó el inicio de la investigación, toda vez que la Guardia Civil analizara todos los contratos suscritos por el empresario. Algunos de estos fueron concedidos por el Ayuntamiento de Madrid, en manos del Partido Popular. El fin de este movimiento consistía en encontrar indicios vinculados a los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios que se le imputan a Gómez. Sin embargo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita elaboró dos informes que constataban la inexistencia de tales irregularidades en los concursos concedidos a Barrabés.

A pesar de no hallar absolutamente nada, el instructor imputó al empresario y ordenó un exhaustivo registro en sus empresas, domicilio y habitación del hospital donde se le ingresó. Asimismo, el abogado de Barrabés y el fiscal San Baldomero, asignado a este proceso recurrieron a la Audiencia Provincial y calificaron las prácticas de Peinado como “ilógico, arbitrario, injusto, infundado”. Así, exigen la “nulidad del auto” que ordena el registro a los enclaves cruciales para Barrabés.

Registros infundados
Su abogado recuerda en su escrito que la jurisprudencia constitucional sobre una iniciativa que supone limitar el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. Entienden que Peinado debe justificar sólidamente su decisión con indicios que pueden “no ser meras sospechas o hipótesis subjetivas, sino que la sospecha debe estar apoyada en datos y objetivos”. Por lo tanto, sostiene que los indicios o suspicacias del magistrado instructor, a las que referencia en su auto para ordenar el registro




son del todo “ilógicas y arbitrarias”.


“El juez debe motivar suficientemente su decisión con indicios que no pueden ser meras sospechas o hipótesis subjetivas, sino que la sospecha ha de estar apoyada en datos concretos y objetivos”, sostiene el informe. En este sentido, el abogado del empresario recopila las presuntas irregularidades del magistrado. Sobre la redada en el hospital, entienden “asombroso” por falta de consideración y humanidad” que el Instituto Armado acudiera al centro hospitalario donde el señor Barrabés estaba ingresado para “incautarle los dispositivos electrónicas y que se practicara dejándole sin ninguna posibilidad de comunicación con el exterior”.

Por otro lado, afea que el magistrado ordenara la clonación de datos de personas que no estaban bajo la lupa judicial. Se trata de las empresas de Barrabés; un registro que duró tres días debido a la “manifiesta inconcreción del auto sobre el que debía ser objeto de registro”. “Como no podía ser de otra manera, se procedió al clonado de ingente información, sin filtro alguno, tuviera o no relación con la causa. La fuerza actuante incautó los correos electrónicos de Barrabés y de otras cinco personas que no ostentaban la condición de investigados y sin habilitación de clase alguna para hacerlo. Gravísima vulneración del derecho a la intimidad y a la protección de datos de personas que no están investigadas”, expone el letrado.

La comisión de Ayuso contra Begoña se vuelve contra el PP y destapa los recortes en las universidades públicas

Los comparecientes en esta segunda sesión, altos cargos de las universidades públicas madrileñas, se hicieron eco de la infrafinanciación de dichas instituciones

La presidenta de la comisión de investigación, Susana Pérez Quislant, trató durante esta sesión que los partidos de la oposición, Más Madrid y PSOE, no preguntasen por los recortes en las universidades públicas; sin embargo, los rectores de dichas instituciones no escatimaron en detalles a la hora de relatar esta realidad.

“En algunas partidas hemos tenido que reducir entre el 15% y el 25%”, señaló una de las comparecientes ante la Asamblea. “Es necesario insistir en la financiación pública y fórmulas de financiación privada, son absolutamente necesarias las dos”, reiteró otro de los rectores.

Cruce de reproches entre grupos parlamentarios
Fue así como esta segunda sesión estuvo reservada para los altos cargos de las universidades públicas de Madrid. Por parte de las distintas intervenciones de las formaciones políticas en la Cámara de Vallecas, por un lado, Manuela Bergerot, desde Más Madrid, tachó de ejercicio de “censura” la postura de la presidenta de la comisión, al tiempo que quiso poner el foco en la situación de “infrafinanciación” de las universidades.