LAWFARE Y OTRAS COSAS JUDICIALES.

El Tribunal Superior omite el bulo de Miguel Ángel Rodríguez en la causa contra el desmentido de la Fiscalía

Seneca escribió:Tranquilos que la Bego ya tiene abogado

La mano derecha de Rubalcaba en el chivatazo del Faisán, Antonio Camacho, será el abogado de Begoña Gómez
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital confirman que Camacho defenderá a la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

ANIMO BEGOÑA LO VAS A NECESITAR

El juez notificó la apertura de un proceso por prevaricación contra líderes del PP en Sevilla dos días después de las europeas

Felipe González, sobre la renovación del CGPJ: "Hay que hacerlo como lo dice la ley"

El TS archiva una denuncia contra Ayuso pero aclara que no supone avalar su gestión en las residencias

Mónica Oltra, a un paso del banquillo por el empeño de un juez con afición a archivar causas de corrupción del PP

Una jueza cita a declarar a Pablo Echenique a raíz de un tuit denunciado por Abogados Cristianos

Seis folios, un juez conservador y una mera “hipótesis plausible” para resucitar la causa contra Mónica Oltra

El juez Aguirre reactivó la trama rusa contra Puigdemont cuando ya sabía que la Audiencia Nacional la había desechado

Condenas de hasta cinco años y medio de cárcel a 11 activistas por los disturbios en un mitin de Vox en Madrid

La ley le obliga a demoler su casa de A Estrada pero le permite hacer otra en el mismo lugar

Los audios del “lawfare” del juez Aguirre: “Al Gobierno le quedan dos telediarios, a tomar por culo”

La trama rusa no descansa en verano: el juez Aguirre insiste en investigar lo ya archivado a la espera del Supremo

Así es un 'lawfare' por dentro

El International Press Institute pide que se retiren los cargos contra el periodista Carlos Sosa tras la querella del exjuez Alba

Los vocales conservadores bloquean la elección de una mujer progresista para presidir el Poder Judicial

El sector conservador del CGPJ maniobra para ignorar la ley de paridad y no elegir a una presidenta

Un Constitucional de mayoría progresista blinda los derechos sociales: de la ley de vivienda a la eutanasia y el aborto

El 'lawfare' de los años 30: así fue el sabotaje de los jueces a la Segunda República

El Supremo confirma el archivo de Tsunami contra Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg

La justicia pone fin a cuatro años de acoso mediático y jurídico de la derecha contra Podemos

La Sala Penal del Supremo, territorio hostil para los jueces progresistas desde hace más de dos décadas

Ángel Hurtado: el juez que no vio la relación del PP con Gürtel y que ahora investiga al fiscal general

La intervención sin límites del móvil del fiscal general plantea el interrogante de qué busca el Supremo

Curiosidad escribió:

La Sala Penal del Supremo, territorio hostil para los jueces progresistas desde hace más de dos décadas

Desde que se produjo el cambio de siglo, la Sala Segunda ha funcionado con una mayoría conservadora que se ha ido haciendo cada vez más aplastante
Las últimas mayorías progresistas datan de los noventa, década en la que por última vez la sala contó con un presidente orientado a la izquierda

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se prepara para iniciar una nueva etapa. Esta vez, sin Manuel Marchena a los mandos. Tras dos intensos mandatos, soltará a comienzos de diciembre las riendas de la Segunda, como también se le llama, a la que accedió allá por 2007 y que lleva presidiendo los últimos diez años. Su salida –continuará como magistrado raso–, sin embargo, no alterará el juego de equilibrios dentro de una sala clave en el Alto Tribunal. La misma seguirá funcionando con una mayoría de corte conservador. Como lo lleva haciendo desde hace más de dos décadas. Porque la de lo Penal es desde comienzos de siglo territorio comanche para el sector progresista de la judicatura, que lleva desde 1999 sin tener mayoría en la misma.

La Sala Segunda tiene una importancia mayúscula dentro del organigrama judicial. Es la encargada de instruir y enjuiciar causas de alto voltaje político. En concreto, aquellas que afectan a personajes aforados: desde el presidente del Gobierno y los diputados o senadores hasta los altos cargos de la cúpula judicial y fiscal. Fue la que asumió, por ejemplo, la causa del procés. Y la que se acaba de hacer cargo de la investigación que persigue al jefe del Ministerio Público, Álvaro García-Ortiz, por revelación de secretos. Además, es el último eslabón penal, quien tiene la última palabra en causas de gran impacto resolviendo los recursos. Así ocurrió en Gürtel, Nóos o los ERE –si bien luego el Constitucional le corrigió–.

Es, por tanto, una sala a la que los partidos dan una enorme relevancia. Y prueba de ello es aquel whatsapp del exsenador del PP Ignacio Cosidó que en 2018 hizo saltar por los aires la renovación de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que iba a presidir el propio Marchena: "Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional [...]. Y además, controlando la Sala Segunda desde detrás". Los magistrados de la misma, como todos los del Alto Tribunal, no atienden a mandatos. Son puestos prácticamente vitalicios, en los que pueden permanecer hasta que se jubilen a los 70 o 72 años, en función de si prorrogan o no su etapa activa al máximo que permite la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

- Si ya lo dijo quien lo dijo: : "LO HEMOS DEJADO TODO ATADO Y BIEN ATADO".  Tan bien atado que por eso el PP se ha librado de tantas causas por prescripción o porque solo ven delito donde quieren verlo.

Aquí abajo un ejemplo.

Ángel Hurtado: el juez que no vio la relación del PP con Gürtel y que ahora investiga al fiscal general

El magistrado que ha intervenido siete meses de comunicaciones de Álvaro García Ortiz lleva cuatro años con un perfil bajo en el Supremo después de intentar evitar que Rajoy compareciera en el juicio de Gürtel y proponer que el PP no fuera sancionado como partícipe a título lucrativo de la trama

— La intervención sin límites del móvil del fiscal general plantea el interrogante de qué busca el Supremo


Ángel Hurtado se ha convertido en el nuevo nombre propio del Tribunal Supremo después de cuatro años pasando desapercibido en su Sala de lo Penal. El magistrado, uno de los últimos en incorporarse al departamento de Manuel Marchena, envió el miércoles a la unidad de élite de la Guardia Civil al despacho del fiscal general para llevarse todas sus comunicaciones: correos, mensajes de móvil e incluso libretas y cuadernos. El primer gran caso que cae en manos de este juez llegado en 2020 de la Audiencia Nacional después de destacar por su oposición a que el Partido Popular saliera perjudicado del caso Gürtel o a que Mariano Rajoy declarase en el juicio de esa trama de corrupción.

Firmó como ponente decenas de sentencias en la Audiencia Nacional que condenaron a los autores del atentado de Santa Pola, los asesinos del concejal José Ignacio Iruretagoyena o a los gestores de las herrikotabernas acusados de colaborar con los terroristas. Muchas de sus sentencias, como ponente o como firmante, sobrevivieron al trance de la casación, pero otras no pasaron el filtro del Tribunal Supremo: las que condenaron a los miembros de Segi o algunas sobre terrorismo yihadista como la pena de cinco años a Wissam Lofti, el carnicero de Burgos al que condenó por financiar a terroristas y que finalmente fue absuelto. También cuestionó la forma en que sus compañeros aplicaron la sentencia europea sobre la 'doctrina Parot' para liberar presos de ETA.

La intervención sin límites del móvil del fiscal general plantea el interrogante de qué busca el Supremo

El móvil y el correo electrónico de García Ortiz guarda conversaciones con los jefes de las fiscalías que persiguen graves delitos y todas sus conversaciones privadas durante siete meses; en el ordenador de la fiscal provincial hay información de causas como la de la pareja de Ayuso o la esposa de Pedro Sánchez
— Un juez conservador del Supremo interviene el teléfono del fiscal general por la filtración a un medio

El juez Ángel Hurtado ha ordenado que la Guardia Civil intervenga más de siete meses de conversaciones privadas del fiscal general del Estado para esclarecer unos hechos que se circunscriben a la noche del 13 de marzo pasado, cuando un medio publicó un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador que desmentía un bulo difundido por la Comunidad de Madrid.  

Una medida reservada a delitos graves, y no a una supuesta revelación de secretos, ha sido acordada por el magistrado contra el responsable de una de las más altas instituciones del Estado sin estrechar los límites, lo que permitirá a Hurtado recabar información de investigaciones secretas, contactos entre Álvaro García Ortiz y sus subordinados y cualquier otra conversación que haya mantenido el fiscal general durante un periodo tan largo de tiempo.

- Pues si. el PP sigue manejando la Sala II del Supremo, pro ya no lo hace desde la puerta de atrás lo hace directamente y a la vista de todos los españoles.

Fale escribió:

Curiosidad escribió:

La Sala Penal del Supremo, territorio hostil para los jueces progresistas desde hace más de dos décadas

Desde que se produjo el cambio de siglo, la Sala Segunda ha funcionado con una mayoría conservadora que se ha ido haciendo cada vez más aplastante
Las últimas mayorías progresistas datan de los noventa, década en la que por última vez la sala contó con un presidente orientado a la izquierda

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se prepara para iniciar una nueva etapa. Esta vez, sin Manuel Marchena a los mandos. Tras dos intensos mandatos, soltará a comienzos de diciembre las riendas de la Segunda, como también se le llama, a la que accedió allá por 2007 y que lleva presidiendo los últimos diez años. Su salida –continuará como magistrado raso–, sin embargo, no alterará el juego de equilibrios dentro de una sala clave en el Alto Tribunal. La misma seguirá funcionando con una mayoría de corte conservador. Como lo lleva haciendo desde hace más de dos décadas. Porque la de lo Penal es desde comienzos de siglo territorio comanche para el sector progresista de la judicatura, que lleva desde 1999 sin tener mayoría en la misma.

La Sala Segunda tiene una importancia mayúscula dentro del organigrama judicial. Es la encargada de instruir y enjuiciar causas de alto voltaje político. En concreto, aquellas que afectan a personajes aforados: desde el presidente del Gobierno y los diputados o senadores hasta los altos cargos de la cúpula judicial y fiscal. Fue la que asumió, por ejemplo, la causa del procés. Y la que se acaba de hacer cargo de la investigación que persigue al jefe del Ministerio Público, Álvaro García-Ortiz, por revelación de secretos. Además, es el último eslabón penal, quien tiene la última palabra en causas de gran impacto resolviendo los recursos. Así ocurrió en Gürtel, Nóos o los ERE –si bien luego el Constitucional le corrigió–.

Es, por tanto, una sala a la que los partidos dan una enorme relevancia. Y prueba de ello es aquel whatsapp del exsenador del PP Ignacio Cosidó que en 2018 hizo saltar por los aires la renovación de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que iba a presidir el propio Marchena: "Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional [...]. Y además, controlando la Sala Segunda desde detrás". Los magistrados de la misma, como todos los del Alto Tribunal, no atienden a mandatos. Son puestos prácticamente vitalicios, en los que pueden permanecer hasta que se jubilen a los 70 o 72 años, en función de si prorrogan o no su etapa activa al máximo que permite la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

- Si ya lo dijo quien lo dijo: : "LO HEMOS DEJADO TODO ATADO Y BIEN ATADO".  Tan bien atado que por eso el PP se ha librado de tantas causas por prescripción o porque solo ven delito donde quieren verlo.

Aquí abajo un ejemplo.

Ángel Hurtado: el juez que no vio la relación del PP con Gürtel y que ahora investiga al fiscal general

El magistrado que ha intervenido siete meses de comunicaciones de Álvaro García Ortiz lleva cuatro años con un perfil bajo en el Supremo después de intentar evitar que Rajoy compareciera en el juicio de Gürtel y proponer que el PP no fuera sancionado como partícipe a título lucrativo de la trama

— La intervención sin límites del móvil del fiscal general plantea el interrogante de qué busca el Supremo


Ángel Hurtado se ha convertido en el nuevo nombre propio del Tribunal Supremo después de cuatro años pasando desapercibido en su Sala de lo Penal. El magistrado, uno de los últimos en incorporarse al departamento de Manuel Marchena, envió el miércoles a la unidad de élite de la Guardia Civil al despacho del fiscal general para llevarse todas sus comunicaciones: correos, mensajes de móvil e incluso libretas y cuadernos. El primer gran caso que cae en manos de este juez llegado en 2020 de la Audiencia Nacional después de destacar por su oposición a que el Partido Popular saliera perjudicado del caso Gürtel o a que Mariano Rajoy declarase en el juicio de esa trama de corrupción.

Firmó como ponente decenas de sentencias en la Audiencia Nacional que condenaron a los autores del atentado de Santa Pola, los asesinos del concejal José Ignacio Iruretagoyena o a los gestores de las herrikotabernas acusados de colaborar con los terroristas. Muchas de sus sentencias, como ponente o como firmante, sobrevivieron al trance de la casación, pero otras no pasaron el filtro del Tribunal Supremo: las que condenaron a los miembros de Segi o algunas sobre terrorismo yihadista como la pena de cinco años a Wissam Lofti, el carnicero de Burgos al que condenó por financiar a terroristas y que finalmente fue absuelto. También cuestionó la forma en que sus compañeros aplicaron la sentencia europea sobre la 'doctrina Parot' para liberar presos de ETA.

La intervención sin límites del móvil del fiscal general plantea el interrogante de qué busca el Supremo

El móvil y el correo electrónico de García Ortiz guarda conversaciones con los jefes de las fiscalías que persiguen graves delitos y todas sus conversaciones privadas durante siete meses; en el ordenador de la fiscal provincial hay información de causas como la de la pareja de Ayuso o la esposa de Pedro Sánchez
— Un juez conservador del Supremo interviene el teléfono del fiscal general por la filtración a un medio

El juez Ángel Hurtado ha ordenado que la Guardia Civil intervenga más de siete meses de conversaciones privadas del fiscal general del Estado para esclarecer unos hechos que se circunscriben a la noche del 13 de marzo pasado, cuando un medio publicó un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador que desmentía un bulo difundido por la Comunidad de Madrid.  

Una medida reservada a delitos graves, y no a una supuesta revelación de secretos, ha sido acordada por el magistrado contra el responsable de una de las más altas instituciones del Estado sin estrechar los límites, lo que permitirá a Hurtado recabar información de investigaciones secretas, contactos entre Álvaro García Ortiz y sus subordinados y cualquier otra conversación que haya mantenido el fiscal general durante un periodo tan largo de tiempo.

- Pues si. el PP sigue manejando la Sala II del Supremo, pro ya no lo hace desde la puerta de atrás lo hace directamente y a la vista de todos los españoles.

No me digas... y qué dirá Pumpido?

El lobby de ultrarricos que fichó a Lasquetty premia al ex juez García Castellón

La negativa de Macías a abstenerse ante conflictos de interés causa asombro en el Constitucional

Curiosidad escribió:

La negativa de Macías a abstenerse ante conflictos de interés causa asombro en el Constitucional

El magistrado propuesto por el PP decidió participar en el recurso de ese partido contra la reforma que permitió al CGPJ designar a dos jueces del órgano de garantías
Los dos magistrados elegidos con la norma que se enjuiciaba no participaron en la deliberación, pero sí lo hizo el ex vocal conservador que votó su designación

Un episodio generó cierta perplejidad en el pleno del Tribunal Constitucional el pasado 6 de noviembre. Se debatía la constitucionalidad de la reforma impulsada por el Gobierno en 2022 que permitió al Consejo General del Poder Judicial, entonces en funciones tras cuatro años de bloqueo del PP, elegir a los dos magistrados que le corresponde proponer para el órgano de garantías. Los dos miembros del tribunal elegidos gracias a esa modificación legal —el conservador César Tolosa y la progresista María Luisa Segoviano— decidieron abstenerse y no participar en la deliberación ante el conflicto de interés de ambos. La sorpresa fue que el también magistrado conservador José María Macías, que justo antes de llegar al TC era vocal del CGPJ y participó entonces con su voto en la designación de Tolosa y Segoviano, decidiera permanecer, intervenir y firmar un voto particular.

La ley no da al Constitucional ningún tipo de herramienta en caso de que un magistrado vea comprometida su imparcialidad en un asunto. Debe ser el propio miembro del tribunal el que presente su abstención, que luego debe ser aceptada por sus compañeros. Se trata de una decisión personal que afecta directamente a la ética y la deontología de cada uno de los jueces del órgano de garantías y de los juzgados y tribunales. Solo las partes en el proceso, a través del mecanismo de la recusación, pueden intentar apartar a un magistrado de un caso concreto ante un conflicto de intereses.





- Es un juez de derechas y, por tanto, actúa como actúan los del PP. Lo que yo  hago está bien pero si lo haces tú, está mal

Z escribió:

Curiosidad escribió:

La negativa de Macías a abstenerse ante conflictos de interés causa asombro en el Constitucional

El magistrado propuesto por el PP decidió participar en el recurso de ese partido contra la reforma que permitió al CGPJ designar a dos jueces del órgano de garantías
Los dos magistrados elegidos con la norma que se enjuiciaba no participaron en la deliberación, pero sí lo hizo el ex vocal conservador que votó su designación

Un episodio generó cierta perplejidad en el pleno del Tribunal Constitucional el pasado 6 de noviembre. Se debatía la constitucionalidad de la reforma impulsada por el Gobierno en 2022 que permitió al Consejo General del Poder Judicial, entonces en funciones tras cuatro años de bloqueo del PP, elegir a los dos magistrados que le corresponde proponer para el órgano de garantías. Los dos miembros del tribunal elegidos gracias a esa modificación legal —el conservador César Tolosa y la progresista María Luisa Segoviano— decidieron abstenerse y no participar en la deliberación ante el conflicto de interés de ambos. La sorpresa fue que el también magistrado conservador José María Macías, que justo antes de llegar al TC era vocal del CGPJ y participó entonces con su voto en la designación de Tolosa y Segoviano, decidiera permanecer, intervenir y firmar un voto particular.

La ley no da al Constitucional ningún tipo de herramienta en caso de que un magistrado vea comprometida su imparcialidad en un asunto. Debe ser el propio miembro del tribunal el que presente su abstención, que luego debe ser aceptada por sus compañeros. Se trata de una decisión personal que afecta directamente a la ética y la deontología de cada uno de los jueces del órgano de garantías y de los juzgados y tribunales. Solo las partes en el proceso, a través del mecanismo de la recusación, pueden intentar apartar a un magistrado de un caso concreto ante un conflicto de intereses.





- Es un juez de derechas y, por tanto, actúa como actúan los del PP. Lo que yo  hago está bien pero si lo haces tú, está mal

Y como actuan los jueces de izquierdas?

Javier Burgos Román escribió:

Julio Parra escribió:Cada día que pasa demuestra que eres un mal educado.

El poder judicial ha de ser independiente del ejecutivo y del legislativo. Lo dice una de las normas básicas de la democracia. Si no es así, no hay democracia.

Y lo dices tú que siempre contestas con insultos.

En una sociedad democrática moderna los  poderes deben emanar del pueblo y así lo dice la Constitución. En uno sociedad moderna los poderes  deben ser interdependientes.

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