La guerra del Gobierno de Rajoy contra el anarquismo termina sin condenados y con indemnizaciones para los detenidos

La guerra del Gobierno de Rajoy contra el anarquismo termina sin condenados y con indemnizaciones para los detenidos

Los tribunales obligan al Estado a indemnizar con más de 55.000 euros en total a dos encarcelados de la 'operación Ice' después de que las tres grandes investigaciones policiales por terrorismo contra grupos anarquistas en 2015 terminaran en el archivo o en sentencias absolutorias
— La Justicia condena al Estado a indemnizar al activista que pasó 16 meses en prisión acusado de terrorismo


El Gobierno de Mariano Rajoy convirtió el terrorismo anarquista en una de sus prioridades policiales hace una década. Operaciones con decenas de detenidos en las que el Ministerio del Interior publicitaba la desarticulación de comandos a los que atribuía ataques a bancos, elaboración de explosivos y colaboración con otros grupos terroristas y que, una década después, han terminado en nada. La indemnización a uno de los anarquistas de la 'operación Ice' por pasar año y medio en prisión de forma injusta retrata cómo la Policía, la Fiscalía y algunos jueces de la Audiencia Nacional impulsaron causas fallidas mientras el ejecutivo del Partido Popular difundía el miedo a un “terrorismo anarquista implantado” cuya existencia nunca se demostró.

Todas estas operaciones policiales contra el anarquismo que acabaron en el archivo o la absolución tuvieron su origen en un atentado real. En octubre de 2013 un explosivo casero, fabricado con una bombona de camping-gas, explotaba en el interior de la basílica de El Pilar de Zaragoza. Unos meses antes otro artefacto similar había estallado en la madrileña catedral de La Almudena. Un grupo criminal llamado “Mateo Morral”, nombre del anarquista que atentó contra Alfonso XIII en 1906, reivindicó ambos atentados. Dos personas fueron condenadas a cuatro años y medio de prisión por delitos de terrorismo.

La sentencia del Supremo declaró probada su afinidad a grupos anarquistas, aunque no su pertenencia a ninguno de ellos. En especial a los supuestos Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), siglas que resonaron en las tres operaciones policiales dirigidas contra el anarquismo radical bajo la batuta de la Audiencia Nacional: 'Piñata', 'Ice' y 'Pandora'. Cuatro decenas de detenidos –15 de ellos pasaron por prisión provisional– en causas que acabaron archivadas o con sentencias absolutorias y con algunos de los imputados indemnizados por el Estado con cargo a las arcas públicas.

Ignacio Cosidó, jefe de la Policía Nacional con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, dejó claro en junio de 2014 que la administración consideraba que el anarquismo radical era un problema de seguridad pública. “El terrorismo anarquista se ha implantado en nuestro país. La lucha contra esta forma de terrorismo constituye ya una prioridad para nuestra Comisaría General de Información”, afirmó. Pocos meses después llegaron las grandes operaciones policiales y judiciales tuteladas desde la Audiencia Nacional, organismo competente para investigar delitos de terrorismo.

- Politica del miedo para conseguir votos. Esta es la forma de actuar del PP que lo único que consiguió fue meter en la cárcel a unos inocentes a los que después hemos tenido que indemnizar.